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El Ayuntamiento de Peligros presenta un recurso contencioso-administrativo contra la nueva tasa de basura “abusiva” impuesta por la Diputación

El alcalde, Roberto García, anuncia que el Ayuntamiento ha interpuesto el recurso contra Diputación.[/caption] El Ayuntamiento de Peligros ha impuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Granada para paralizar la nueva tasa de tratamiento de residuos urbanos, que impone el doble, y en ocasiones hasta tres veces más, de las cantidades que se venían pagando, ya que tiene en cuenta el valor catastral de las viviendas, y no el volumen de los residuos generados. De manera que una gran superficie que tenga un valor de 300.000 euros va a pagar lo mismo que un negocio con un valor, por ejemplo, de 100.000 euros. El Ayuntamiento de Peligros ha interpuesto el recurso como el mayor Consistorio gobernado por Izquierda Unida en Granada, y en representación de los 152 concejales y los 70 grupos municipales de la formación en la provincia. El anuncio lo ha hecho en rueda de prensa  el alcalde de Peligros, Roberto García, que ha estado acompañado por los diputados provinciales Antonio Molina y Asunción Pérez Cotarelo, y por el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Paco Puentedura. “Hemos planteado este recurso contencioso-administrativo, una vez agotadas todas las vías políticas y administrativas, ante lo que consideramos una tasa que no sólo invade las competencias municipales, sino que supone una subida desproporcionada de lo que van a tener que pagar nuestros vecinos y vecinas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos”, ha explicado Roberto García, que se queja de que la tasa “no tiene en cuenta ni la cantidad de residuos, ni la capacidad económica de los vecinos y vecinas”. Paco Puentedura, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, ha incidido en el principal argumento jurídico que motiva la interposición del recurso, que se sustenta en que la nueva tasa es “injusta, abusiva y antiprogresiva”. “Por cualquier vía, se le está haciendo pagar a los ciudadanos de Granada y su provincia el doble de lo que antes estaban pagando, y además, dos veces. El principio que justifica una tasa es el hecho de que se cobra por el coste de un servicio solo ese coste, y ya se ha cobrado en los municipios Puentedura se pregunta “qué ha pasado para que se hayan acumulado 25 millones de euros de deuda en Resur, de los cuales 11 millones son del Ayuntamiento de Granada, mientras que a los vecinos y vecinas se les ha estado cobrando todos estos años la recogida y el tratamiento. Ahora, para cubrir esos 11 millones de deuda, el alcalde [Pepe Torres] se inventa, en connivencia con el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, una nueva tasa abusiva”. “Los vecinos de la provincia no tienen que estar pagando las deudas generadas por una gestión económica irresponsable del PP en el Ayuntamiento de Granada”, ha dicho el portavoz de IU en dicho Ayuntamiento. La nueva tasa está dando lugar a situaciones anómalas como que a edificios vacíos se les está cobrando una tasa cuando ni siquiera generan residuos. En edificios en alquiler, la tasa va a los propietarios, cuando tendría que ir a sus usuarios. Paco Puentedura ha señalado al alcalde de Granada y al presidente de la Diputación como responsables directos de este abuso, “porque ellos son los responsables de haber eliminado el consenso que había en toda la provincia con respecto al tratamiento de residuos y de haber impuesto una nueva tasa que es un robo a los granadinos y a los ciudadanos de la provincia”. Por su parte, el diputado provincial Antonio Molina, ha insistido en el hecho de que Izquierda Unida ha agotado “todas las vías políticas y administrativas, tanto en la institución provincial como en los distintos ayuntamientos donde gobernamos, cogobernamos o estamos en la oposición, y ya no nos queda más remedio que ir al recurso, impuesto por Peligros como referente y la alcaldía más importante que tiene esta formación en la provincia”. Como ha apuntado la diputada Asunción Pérez Cotarelo, se va a generar una desigualdad en el pago, porque hay pueblos que no tienen actualizado el catastro. “Los pueblos que tengan actualizado el valor catastral van a pagar muchísimo más que en otros municipios”, ha afirmado Cotarelo.

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