Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973), consejera de Fomento y Vivienda en el actual Gobierno de la Junta de Andalucía, visitó esta semana Peligros, para conocer de primera mano las medidas contra los desahucios puestas en marcha por el gobierno local, y los huertos sociales que en la actualidad gestiona la Asociación por el Empleo de Peligros. Aprovechamos su visita para hablar de los proyectos de la Consejería y de la moción para sancionar a los bancos con viviendas vacías y para garantizar los suministros básicos.
El Tribunal Constitucional ha paralizado la Ley Antidesahucios por el recurso del Gobierno central. ¿Qué futuro le augura a la ley?
Hemos colgado en la página web de la Consejería, para que todos los andaluces y andaluzas lo conozcan, los motivos que aduce el Gobierno del Partido Popular para recurrir la ley, y para pedir al Tribunal Constitucional que lo paralice de forma automática, los artículos recurridos. Los argumentos son absolutamente descalabrados, es una catarata neoliberal que plantea que por encima de todo está la banca, y que las familias trabajadoras, que tienen una situación muy difícil, porque estamos viviendo una estafa financiera e hipotecaria, que les zurzan. La capacidad de alternativa democrática que ha planteado el pueblo andaluz a través del Parlamento, votando esa ley de la función social de la vivienda, es lo que cuestiona: es un ataque a la soberanía andaluza. Es un golpe institucional a la capacidad de alternativa y de cambio que tiene Andalucía. Desde que Izquierda Unida forma parte del Gobierno andaluz, tenemos claro que los gobiernos tienen que defender a las familias trabajadoras. Hemos rescatado a la banca con 40.000 millones de euros que ya sabemos que no van a devolver.
Nosotros le pedimos al Gobierno que se sentase a dialogar con la Comunidad Autónoma para abordar la ley, ellos dieron la callada por respuesta. Hoy que hemos leído los motivos, entendemos que están escondidos porque los argumentos jurídicos son bochornosos, es un correlato neoliberal de lo que ellos defienden, que es la banca por encima de cualquier cosa, incluso hablan de que la ley andaluza puede poner en peligro la prima de riesgo, la reestructuración bancaria…
¿Qué resortes tienen ahora para recuperar la Ley?
Estamos preparando un informe al Constitucional para pedir que levante la suspensión cautelar que ha invocado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que no agote los cinco meses. Al mismo tiempo, todas las familias, los 34 casos que están publicados en el BOJA, nos hemos dirigido a los jueces y a las entidades financieras para que, hasta tanto el Tribunal Constitucional no decida, no desahucie, no desaloje a esas familias.
Esa suspensión cautelar, viene a seguir defendiendo a los especuladores, en una Comunidad Autónoma en la que tenemos 700.000 viviendas deshabitadas, la inmensa mayoría en manos de entidades financieras; el otro objetivo de la ley era la función social de esa propiedad.
No nos vamos a rendir, vamos a seguir defendiendo el derecho humano a la vivienda, porque estamos plenamente convencidos de que no es incompatible ni con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía, defender el derecho a la vivienda.
Reestructuración de la deuda, dación en pago… son soluciones que se están dando a familias con problemas para pagar la hipoteca, ¿qué opinión tiene como Consejera de estas medidas?
Era una propuesta que planteaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante el drama de esas familias, que han perdido su propiedad y deben una deuda prácticamente eterna al banco, que los empobrece. La dación en pago es una salida a esa realidad, es una cuestión de mínimos, al tiempo que la paralización inmediata de todos los desahucios. Ahí en lo que hay que trabajar es en una quita de la deuda hipotecaria, porque ya sabemos que lo que aquí ha habido es una estafa, y se ha cobrado la vivienda como un pingüe negocio, y no como un derecho de la ciudadanía. La reestructuración de la deuda también es un elemento de mínimos, habría que ir a una quita, porque ya hemos constatado que ha habido una estafa por parte de las entidades financieras, consentida por muchos gobiernos que han permitido la burbuja inmobiliaria.
Vamos a ver ahora los huertos sociales de Peligros, ¿de qué manera puede apoyar la Consejería el desarrollo de estos huertos como una opción de futuro para estas familias?
Poniendo en práctica esa idea que en el Ayuntamiento de Peligros ya se ha puesto, fruto de la participación ciudadana. En la Consejería de Fomento y Vivienda tenemos una agencia, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (antigua EPSA), con muchos metros cuadrados de suelo, y ya hemos destinado 54 hectáreas en toda Andalucía a huertos urbanos, que lo que pretenden es pasar de un suelo que estaba ocioso, y que además no formaba parte de la ciudad, puesto que no había ningún espacio ni de convivencia ni de participación, a convertirlo en un suelo que produzca y tenga una función social al suelo, que en definitiva es de los andaluces y de las andaluzas; de manera que integremos esos no-lugares que había y que hay en las ciudades, en lugares de participación, de uso social y de disfrute de la ciudadanía.
El Ayuntamiento acaba de aprobar la moción de la PAH y Stop Desahucios para sancionar a los bancos que tienen pisos vacíos, y garantizar los suministros básicos, ¿de qué manera se estructuran estas sanciones?
En la ley de la función social de la vivienda planteábamos las sanciones a las entidades financieras, personas jurídicas, que mantuvieran sus viviendas vacías. El objetivo era movilizar las viviendas al alquiler. Ese es uno de los elementos que nos ha recurrido el Gobierno, pero es absolutamente constitucional y necesario, y necesitamos el empuje de toda la ciudadanía para perseguir la función social de la vivienda, porque quien la acapara son las entidades financieras.
En cuanto a los suministros vitales, Izquierda Unida está con esa necesidad de garantizar los suministros vitales mínimos, la luz y el agua fundamentalmente, que, fruto de un proceso de privatización por parte del bipartidismo, ahora mismo está en manos de empresas privadas; la luz sin duda, y el agua depende de si el ayuntamiento ha privatizado o no.
El objetivo cuál es. Que haya una ley que permita que familias que están en situación de emergencia social y que son deudores de buena fe, no se les corte el agua ni la luz, porque es un derecho humano. Para eso, necesitamos la fuerza y el empuje de la ciudadanía: el 28 de febrero, Izquierda Unida ha convocado una manifestación en Sevilla, donde hablamos de la fuerza de los trabajadores para trasformar esta realidad, para generar empleo, y una de las reivindicaciones que planteamos es la necesidad de que estos mínimos sociales salgan adelante, porque es de justicia social que los parlamentos y los gobiernos respondan a la situaciones absolutamente terribles y dramáticas que están viviendo muchas familias de Andalucía, porque algunos se han puesto las botas y ahora están imponiendo, a través de Europa, recortes y ajustes a las clases trabajadoras, y eso no lo podemos consentir desde el pueblo andaluz. Es fundamental una participación y una implicación de la ciudadanía en esa cuestión.
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Elena Cortés recibe el escudo de Peligros de manos del alcalde.[/caption]
“Necesitamos el empuje de toda la ciudadanía para perseguir la función social de la vivienda”
